domingo, 6 de enero de 2013

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CORTE SUPREMA NO ACOGE RECLAMO DE ILEGALIDAD
La nota publicada en este blog el viernes pasado por el señor Luis Hidalgo bajo el título “Corte Suprema acoge reclamo de ilegalidad” obliga nuevamente a precisar el real alcance del fallo referido.
La sentencia de la Corte Suprema emitida el día jueves pasado, sólo se pronuncia respecto de un hecho procesal o de forma, cual es, que un Alcalde pueda pronunciarse respecto de las decisiones que toma un Director de Obras. En ningún caso acoge el reclamo de ilegalidad interpuesto por los vecinos, ni deja sin efecto la resolución de recepción definitiva del edificio Puerto del Sur, como se pretende hacer ver. 

También es necesario ser riguroso y entregar información completa a la comunidad, toda vez que la demanda interpuesta por el señor Hidalgo en contra de la Municipalidad por aproximadamente $1.700 millones de pesos, y que señala en la nota retirará una vez constatado el cumplimiento irrestricto de las supuestas irregularidades, sabe de antemano que no lo hará. Las mencionadas  irregularidades no son tales, tanto es así que los recursos de protección interpuestos por los temas de fondo alegados (ambientales, de urbanismo y sanitarios) fueron rechazados fundadamente por la Corte, y tales sentencias se encuentran hoy firmes, sin que se haya deducido recurso alguno en su contra.

El señor Hidalgo pretende hacer ver que con este fallo y ejerciendo presión contra el Alcalde recién asumido, se puede anular la recepción final del Edificio Puerto del Sur, que como se dijo, ha sido ratificada por los organismos competentes y por los tribunales superiores de justicia, fallos que están a disposición de la comunidad. Lo que sí es claro, es que el señor Hidalgo pretenderá que el fallo de la Corte Suprema le dé más fuerza a su demanda de $ 1.700 millones en contra del patrimonio de la municipalidad que no es otro que el de la comunidad Algarrobina.

No nos dejemos engañar, son en definitiva los tribunales de justicia, no los particulares los que fiscalizan el cumplimiento de la normativa, y los mismos han fallado hace ya bastante tiempo ratificando que se ha cumplido la normativa vigente respecto de las supuestas irregularidades ambientales, urbanísticas o sanitarias que se han alegado.

Sigfrido Grimau

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