Cuatro delitos priorizados y sesenta acciones comprometidas por las instituciones, es la principal tarea a ejecutar por el Consejo Regional de Seguridad Pública, luego de realizar su primera sesión del año.
Este Consejo está integrado por los 38 alcaldes de la región y autoridades vinculadas a la seguridad pública: la Fiscalía Regional, la Defensoría Penal; el Poder Judicial; Carabineros y la PDI y también servicios públicos como Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Seremi de la Mujer y Equidad de Género; Gendarmería, Sename, Senda, Sernameg, el Centro de Apoyo a Víctimas, los Servicios de Salud de la región; las 8 gobernaciones provinciales y la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de su coordinación regional, siendo el Intendente Regional quien preside y convoca.
Durante la sesión, el Intendente Jorge Martínez expuso que “varias municipalidades están tomando medidas con esfuerzo propio para incorporar elementos que contribuyan a la prevención del delito. Están las cámaras de seguridad, los pórticos que contribuyen mucho con las policías en la identificación de las patentes de los vehículos, pero no tenemos una gran central de comunicaciones con cámaras de seguridad del mismo estándar y conectadas en línea como ocurre en la capital. Para ello nosotros estamos programando en conjunto con el Consejo Regional hacer un esfuerzo para invertir en esa área. Les puedo señalar que en el Core se han aprobado muchos recursos en diversas obras y proyectos de inversión en todas las comunas y se han destinado recursos importantes a las policías que se han traducido en la construcción de cuarteles, retenes móviles y equipamientos tecnológicos. Estamos pensando en que las 38 comunas estén dotadas del equipamiento tecnológico suficiente para la prevención y para la persecución del delito. Ese es un desafío enorme y se trata de cifras muy importantes a invertir en seguridad en la región”.
Junto con ello, los compromisos suscritos por las instituciones miembros en la sesión de Consejo apuntan en la misma dirección. El Coordinador Regional de Seguridad Pública, Leonardo Olmos, detalló que “el plan estratégico que hoy presentamos, fue elaborado a partir de un diagnóstico que reveló los principales indicadores, tendencias delictuales y temas de interés en materia de seguridad en la región y también a nivel de los municipios, con lo que se visualizó la problemática delictual en cada territorio para luego comprometer acciones específicas planteadas por las propias instituciones, lo que se complementa con lo señalado por el Intendente en cuanto a desarrollar junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito un programa de iniciativas e innovación tecnológica para toda la región.”
Prioridades y acciones
A partir del diagnóstico y de los informes regionales de seguridad pública 2018, se identificaron tres delitos de mayor relevancia para la región: Infracción a la Ley de Drogas; Abusos sexuales y otros delitos sexuales e Incivilidades, a los cuales se agregó una cuarta prioridad que, pese a tener una tendencia a la baja en las estadísticas, requiere de una preocupación permanente de las autoridades, como ocurre con el delito de Violencia Intrafamiliar que seguirá siendo una prioridad para el Consejo Regional este año.
En el caso de las Infracciones a la Ley de Drogas, es la primera prioridad de trabajo para el Consejo y contempla entre sus acciones un mayor trabajo preventivo por parte de Carabineros; intervenciones periódicas a través del MT0 de la PDI y diferentes charlas y jornadas de prevención mediante instituciones como Senda y las gobernaciones provinciales.
La segunda prioridad se refiere al delito de Abusos sexuales y otros delitos sexuales, que presenta una tendencia al alza según los datos estadísticos del último año, por lo que instituciones como PDI y el Centro de Apoyo a Víctimas, trabajarán en talleres preventivos, difusión de norma técnica para atención a víctimas de delitos sexuales y una serie de campañas de difusión para generar conciencia en la comunidad.
Las Incivilidades tienen en la región una tasa superior a la nacional, y es un problema recurrente en los principales centros urbanos de la región, por lo que diversas instituciones entre las que se incluyen las Gobernaciones Provinciales, Carabineros, Senda entre otros, esperan reducir las cifras con acciones como la fiscalización al comercio de venta y expendio de alcohol; talleres preventivos del consumo de alcohol, operativos y rondas de control del comercio ilegal y también un trabajo con la comunidad en comunas con mayores índices de este problema.
En el delito de Violencia Intrafamiliar el foco es mantener las campañas que se realizan y aumentar el trabajo con la comunidad y las instituciones que participan en mesas técnicas y otras instancias en las que la prevención, la mejora en tiempos de respuesta y la mejor coordinación intersectorial puede ser fundamental para evitar femicidios o actos de violencia contra las mujeres. Este delito es una prioridad presente en todas las regiones del país, pues es considerado un tema de seguridad pública por ser el principal delito con componente de género.
Coordinación Regional de Seguridad Pública
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